Con fecha 7 de marzo de 2026, el voluntariado de la iniciativa Tech & Law perteneciente a la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur entrevistó a la especialista en fiscalización Kattya Palacios, con el objetivo de analizar el crecimiento del SPAM telefónico y su impacto en la protección de datos personales. La entrevista se llevó a cabo considerando las siguientes 9 preguntas:
¿Cómo fue su experiencia enfrentando el SPAM y cómo esa labor se vincula con el tipo de casos que vemos hoy?
La especialista explicó que el SPAM surgió inicialmente a través del correo electrónico, donde ya se evidenciaba un uso indebido de datos personales. Con el tiempo, estas prácticas evolucionaron hacia llamadas telefónicas, muchas de ellas automatizadas, lo que hizo necesario replantear las estrategias de fiscalización. En ese proceso, se empezó a dar mayor prioridad a la verificación del consentimiento del usuario.
¿Qué rol cumplen otras entidades frente a este problema?
Se destacó que el SPAM no debe entenderse únicamente como un problema de consumo, sino también como un tema de privacidad. En ese sentido, la Autoridad de Protección de Datos Personales y el regulador de telecomunicaciones cumplen un rol importante. No obstante, aún existen desafíos en la articulación entre instituciones, lo que puede generar confusión en los ciudadanos.
¿Qué tareas puede automatizar la tecnología y qué aspectos siguen requiriendo indispensablemente la validación humana para evitar errores?
Palacios señaló que la tecnología permite organizar y clasificar grandes volúmenes de información, facilitando la fiscalización. Sin embargo, enfatizó que la toma de decisiones debe mantenerse en manos humanas para garantizar el respeto del debido proceso.
Sobre la Resolución de la Comisión N°3 (CC3), hay un punto controversial: Se valoraron consentimientos obtenidos mediante formularios web (checkboxes simples) ¿Estos medios probatorios digitales realmente acreditan que el consumidor dio su consentimiento de forma libre e informada, o cree que el estándar de prueba debería ser más riguroso para evitar fraudes digitales?
La experta cuestionó la validez de estos mecanismos, indicando que muchas veces el acceso a servicios depende de aceptarlos, lo que pone en duda la libertad del consentimiento. Por ello, consideró necesario elevar los estándares probatorios con el fin de que sean más rigurosos.
¿Quién asume la responsabilidad en llamadas reiteradas?
Se indicó que la responsabilidad recae principalmente en la empresa titular del banco de datos. Estas deben contar con sistemas eficientes que registren la negativa del usuario y eviten nuevos contactos no deseados.
¿Cómo se protege el debido proceso ante el uso de inteligencia artificial?
La especialista explicó que es fundamental garantizar transparencia en el uso de herramientas tecnológicas, así como una adecuada motivación en las decisiones, para evitar que los algoritmos se conviertan en pruebas incuestionables.
¿El marco legal es suficiente frente a las robocalls?
Se señaló que la normativa suele ir por detrás de los avances tecnológicos. Aunque han existido iniciativas como “WhatsApp No Insistas”, el problema ha seguido evolucionado, lo que exige nuevas respuestas regulatorias.
¿Deben prohibirse las llamadas “en frío”?
Palacios sostuvo que no basta con prohibirlas, ya que el problema radica en la capacidad de fiscalización y en la existencia de mercados informales de datos personales.
¿La solución está en más multas o en tecnología preventiva?
Consideró que las sanciones ya son elevadas, por lo que propuso implementar mecanismos tecnológicos que bloqueen llamadas sin consentimiento válido, abordando el problema desde su origen.
Desde la iniciativa Tech & Law se destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo académico para reflexionar sobre los desafíos que plantea la tecnología en la protección de los datos personales y los derechos de los consumidores. Evidenciando que estamos frente a diferentes problemas estructurales donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad del derecho para regularla. Es así como el desafío es buscar equilibrar innovación y derechos, tecnología y garantías, eficiencia y justicia, donde el rol humano de ser crítico, ético y reflexivo sigue siendo vital para combatir esta problemática.