En el capítulo «Avances y desafíos pendientes en la normatividad para la protección de defensores ambientales en el Perú», escrito por el decano de la Carrera de Derecho, Andrés Dulanto Tello y las voluntarias de la Clínica de Litigación Ambiental Ángela Esther Leiva Quispe, Angie Raquel Arenas Vásquez y Silvana Fabiola García Falconi, proporciona una visión crítica y exhaustiva sobre la situación actual de los defensores ambientales en Perú, destacando tanto los logros alcanzados como los obstáculos que aún deben ser superados para garantizar su protección efectiva.
Este capítulo se incluye en el libro “Justicia ambiental y personas defensoras del ambiente en América Latina” y destaca varios avances importantes en la normativa peruana. Uno de los más significativos es la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, que reconoce la importancia de proteger a los defensores ambientales. También se menciona la Resolución Ministerial N° 159-2021-MINAM, que establece directrices específicas para su protección y reconoce su papel crucial en la preservación del medio ambiente.
Además, se ha institucionalizado un mecanismo de denuncia y protección mediante la creación de una ventanilla única a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Este mecanismo tiene como objetivo proporcionar una respuesta rápida y efectiva a las amenazas y agresiones que enfrentan los defensores ambientales.
A pesar de los avances, los autores identifican varios desafíos que aún persisten. La implementación efectiva de las leyes y políticas es uno de los principales retos. La falta de recursos y la capacitación inadecuada de las autoridades encargadas de aplicar estas normativas dificultan la protección real de los defensores ambientales. Además, existe una falta de coordinación entre las distintas entidades gubernamentales, lo que genera vacíos y solapamientos en la atención y protección de estos defensores.
Otro desafío es la criminalización y estigmatización de los defensores ambientales. Estas personas a menudo enfrentan campañas de difamación, persecución judicial y hostigamiento, tanto de actores estatales como no estatales. Esta situación no solo pone en riesgo su integridad física y psicológica, sino que también debilita sus esfuerzos por defender el medio ambiente.
El artículo subraya la necesidad de fortalecer la participación de los defensores ambientales en la elaboración y revisión de políticas públicas. Aunque se han hecho esfuerzos por incluir sus voces, muchas veces sus perspectivas y conocimientos no son plenamente considerados en los procesos de toma de decisiones, lo que resulta en políticas que no reflejan adecuadamente sus necesidades y realidades.
En su conclusión, los autores enfatizan la importancia de continuar fortaleciendo los marcos normativos y las políticas de protección para los defensores ambientales en Perú. Recomiendan la implementación de medidas concretas, como la asignación de recursos suficientes, la capacitación de funcionarios públicos y la mejora de la coordinación interinstitucional. También subrayan la necesidad de combatir la criminalización de los defensores ambientales y promover una cultura de respeto y reconocimiento hacia su labor.
Finalmente, instan a las autoridades a asegurar la participación activa y significativa de los defensores ambientales en la formulación de políticas públicas. Consideran esencial que sus experiencias y conocimientos sean integrados en estos procesos para desarrollar normativas más inclusivas y efectivas.
Puedes acceder al libro aquí: justicia_ambiental_y_personas
